Argentina: Medicina Prepaga

Las empresas de medicina prepaga forman parte del denominado sector privado del sistema sanitario. Dicho sector está integrado además, por el sub -sector prestador, representado a través de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados (CONFECLISA). Pueden observarse dos tipos de afiliados a las empresas de medicina prepaga; aquellos que han optado por contratar un seguro privado de salud como también quienes, por estar afiliados a una obra social que estableció un convenio de atención de su cartera con una cierta empresa de medicina prepaga, pasan a depender de la misma. Predominan las empresas de medicina prepaga que asumen la forma de sociedades comerciales, por encima de aquellas constituidas como asociaciones de profesionales sin fines de lucro. La labor asistencial de las empresas se centra en el plan prestacional elegido y abonado por el afiliado (en la actualidad están obligadas a cubrir como mínimo el Programa Médico Obligatorio de Emergencia).

Origen de la medicina prepagada en Argentina.

El antecedente de la Medicina prepaga en Argentina se remonta al año 1932, cuando el doctor Alejandro Schvarzer reunió a un grupo de médicos de distintas especialidades para conformar una entidad en la cual cada médico seleccionado aportaba sus propios pacientes y así se daba forma a una cartera unificada de abonados por una mínima cuota periódica, tipificando la primera pero informal empresa de medicina prepaga para servicios ambulatorios; poco después, el tiempo ocioso disponible los llevó a pensar en conseguir más pacientes, creando una rudimentaria forma de comercialización: reclutaban promotores y formaban grupos de venta para ofrecer dicho servicio en visitas domiciliarias. No faltaron otros que, atrapados por la idea, imitaron la iniciativa, y el fenómeno expansivo no tardó en hacerse notar.

Antes de 1946 la medicina era con exclusividad una función privada; la acción estatal era asombrosamente mala y puramente individualista, y el Estado prácticamente no tenía una organización nacional de Salud Pública. El primer Gobierno de Perón definió la Seguridad Social como un mecanismo protector de los individuos frente a los distintos estados de necesidad, asegurándoles condiciones dignas y justas de subsistencia, fruto de la conjunción de las políticas social, económica y sanitaria; en desarrollo de las mismas creó el Ministerio de Salud Pública en 1949 y fortaleció el papel del estado en la prestación de los servicios de salud incrementando fuertemente la disponibilidad de camas en distintos tipos de establecimientos públicos (nacionales, provinciales, municipales, universidades, Fundación Eva Perón y OS estatales), lo que conllevó a una reducción de la utilización de los servicios de salud privados con un simultáneo descenso de las camas de este origen: entre 1946 y 1951 aumentó el número de las camas estatales en más del 100% (de 42.000 a 93.000), pasando a representar el 81% del total, desde el inicial 64%, entretanto las camas en mutuales y otras entidades privadas se reducían 10% (de 24.000 a 21.000), y luego continuó descendiendo (hasta 18.000 camas).

Institucionalización de la medicina prepagada en Argentina.

Los sanatorios privados ante la capacidad ociosa de sus instalaciones, hacen nacer los “prepagos sanatoriales”; en el año 1955 se forma el Centro Médico Pueyrredón, cuya modalidad de atención era únicamente para los pacientes de los médicos de ese centro. Ese mismo año un sanatorio encara decididamente explotar un sistema asistencial comercialmente, para ello desarrolla un producto cerrado, centralizado (brinda toda la cobertura dentro de un solo edificio), el cual se denomina Policlínica Privada; esta idea, de uno de los fundadores de Policlínica Privada tuvo su origen en los seguros de salud de Estados Unidos, los cuales asumían la responsabilidad únicamente desde el punto de vista económico; la novedad que se introdujo en este mismo sistema fue incorporarle asumir la responsabilidad de la prestación del servicio médico.

En el año 1963, se lanza el Sanatorio Metropolitano, con un sistema también cerrado y centralizado pero con una particularidad, ya que únicamente se atendían los abonados al plan del sanatorio. Posteriormente en 1964 nace Asistencia Medica Social Argentina (A.M.S.A.), que produce un verdadero cambio, ya que implementa un sistema cerrado descentralizado, cuya característica fue ofrecer una cartilla de profesionales que atiende en sus consultorios particulares, y estudios diagnósticos o internación en distintos centros de diagnóstico y tratamiento, como así también en varios sanatorios de Capital y del Gran Buenos Aires. A muy cercana fecha nace Centro Médico del Sur (CEMES), con la misma particularidad de sistema anterior, pero convirtiéndose en la primera empresa en brindar cobertura en todo el país, inclusive en las Islas Malvinas y también pioneros en cubrir a sus afiliados propios y de otras prepagas en las zonas de veraneo. En esta etapa inicial, los planes de cobertura cubrían principalmente la internación, pero el mercado no sólo exigió la ampliación de ellas sino que como efecto de la competencia fueron incorporándose más y mejores coberturas, al tiempo que exclusiones y tiempos de espera fueron disminuyendo.

En los setenta aparecen las obras sociales de personal de dirección y superior de las empresas, como una segmentación especializada de las Obras Sociales. A raíz de esta situación se dificulta la ampliación de las carteras de socios de las entidades de medicina prepaga, las cuales fueron orientándose más a la clase media y media-alta, ya que eran las que adquirieron mayor conciencia, a través de los ejemplos que brindaban las mutualidades y obras sociales, de las ventajas que implicaba este tipo de cobertura; entre 1961 y 1980 ingresaron al sector 60 entidades, y brinda cobertura a una importante cantidad de población ya sea porque el asociado ingresó en forma directa al sistema o porque a través de su obra social accedió a los servicios de un prepago.

En los ochenta la situación social cambió radicalmente, a raíz de la disminución del salario de los trabajadores en términos relativos y el incremento continuo de los costos prestacionales que agravó la situación de las obras sociales, generando condiciones propicias para la expansión de las prepagas. Entre 1981 y 1990 ingresaron 57 nuevas entidades; desde entonces y hasta 1992 se mantuvo una situación de estabilidad en el número de prepagas, cuando comienzan profundos cambios, mediante liquidaciones, fusiones y absorciones y la llegada de empresas extranjeras a competir en este mercado.

En 1997, ya eran 269 empresas de medicina prepagada, aglutinadas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y sólo un tercio de ellas cubrían el interior del país; las diez empresas líderes reunían el 41 por ciento de los afiliados (aglutinaban a 890.000 personas de los 2,2 millones de afiliados), y otro tanto de la facturación (entre 1996 y 97, las diez empresas líderes facturaron 776 millones de dólares del total de 1875 millones de dólares facturado en el sector). Entre las top ten se encontraban firmas que competían por atraer usuarios de los sectores económicamente altos, medios y bajos del país, con cuotas mensuales que oscilaban entre 200 y 400 dólares por grupo familiar entre las primeras, y hasta 75 y 100 dólares para las terceras; con estos ingresos que voluntariamente pagaban sus afiliados y en menor medida por recursos obtenidos a través de la explotación de clínicas, sanatorios y otros centros asistenciales particulares, la medicina prepaga brindaba cobertura al 6 por ciento de la población, pero era el sistema que mayor porcentaje de gasto consumía; en 1994, las prepagas en Argentina tenían un per cápita mensual de 79,55 dólares contra los 16,95 pesos del sistema público o 14,75 pesos de las obras sociales.

Luego de la crisis económica del 2.001 y la devaluación subsecuente las prepagas sufrieron una importante caída de afiliados -del orden del 17% entre enero de 2002 y octubre de 2003-, incrementaron sus cuotas en un 25% promedio y disminuyeron sus descuentos en las farmacias entre un 40 y un 50%, motivos que explicaban la difícil situación del sector; en ese mismo lapso, casi el 40% de los beneficiarios de las prepagas se cambió a un plan más económico, al mismo tiempo que los reclamos por déficit prestacional aumentaron un 40% en el subsector privado; pese a la crisis económica, en el 2.004 el sector aún conservaba 2,6 millones de afiliados y movía más de 3000 millones de pesos por año, pero fruto de las fusiones y compras la concentración del mercado se agudizó y las cinco primeras empresas del ranking manejaban el 63% de los afiliados. Las principales compañías en 2.004 eran Sistema de Protección Médica (SPM), Swiss Medical Group , Osde Binario, Medicus, y Omint.

Para tener un mayor número de afiliados que permitiera distribuir mejor los riesgos y bajar los costos por persona, las prepagas, además de fusionarse entre sí, firmaron cerca de 150 contratos de concesión y gerenciamiento con obras sociales que delegaron la responsabilidad de la asistencia médica de sus beneficiarios estableciendo para ello un pago mensual per cápita. De este modo, las prepagas entraron a competir de manera indirecta en el sistema de las obras sociales, porque si bien los afiliados al sistema solidario no están autorizados a elegir una prepaga sí pueden cambiar de obra social, las cuales optaron por aliarse con prepagas para mejorar sus atractivos y ampliar su porción en un mercado que a simple vista continuó “cerrado”; desde entonces, prácticamente la totalidad de los planes superadores son ofrecidos a los beneficiarios de las Obras Sociales Nacionales por las propias prepagas, que cobran un plus por el costo de ese plan (a lo que se suma el aporte del beneficiario), otorgan un carnet de afiliación al beneficiario, e incluso cobran los seguros de alta complejidad del Fondo de Redistribución a través de la propia obra social. Carlos Vassallo, profesor de Economía de la Salud de Isalud, afirma que “como la desregulación no llegaba, varias prepagas optaron por esa alternativa para competir camufladas dentro de la seguridad social”. Así fue como muchas obras sociales se convirtieron en “gestoras de padrones” y los negocios entre empresarios de la salud, sindicalistas y políticos se fortalecieron.

Situación actual

A febrero de 2006, el mercado de Medicina Prepagas estaba integrado por 280 empresas atendiendo cerca de 3 millones de afiliados de los cuales más del 60% están en planes corporativos y facturan más de 3.570 millones de pesos anuales (U$ 1.154,5 millones); las cinco empresas líderes del mercado concentran aproximadamente el 60% de los afiliados, además, las empresas más grandes tiene un ingreso promedio mensual por beneficiario que duplica al de las menores. El liderazgo lo tiene Osdo (35,7%), seguido por el grupo Swiss Medical(15,2%), de capitales extranjeros, y Galeno(14,4%). También existe un reducido grupo de empresas de medicina prepaga sin fines de lucro que se agrupan en cuatro cámaras, Cimara, Ademp, Acami y Red Argentina de Salud que reúnen a alrededor de 120 firmas; las empresas de medicinas prepagas a nivel provincial, principalmente de la provincia de Santa Fe, están nucleadas en la Cámara de Entidades de Medicina Privadas del Interior (Cempi).

En cuanto al perfil de la demanda, el segmento de ingresos más altos representa el 37,5% del ingreso, la clase media el 47,8% y la baja el 14,7%. Del total de los beneficiados el 71% trabaja en relación de dependencia, el 22% son jubilados y el 6% son monotributistas. Mientras que a los 42 años la cuota promedio es de 155 pesos, a los 72 años ésta sube a 315 pesos. En cuanto a inversiones, Galeno proyecta la construcción de un centro obstétrico en el sanatorio Trinidad de Palermo, la construcción de un nuevo sanatorio de la Trinidad en San Isidro y el nuevo centro medico para todas las especialidades en barrio Norte mediante la transformación del edificio de Córdoba y Rodríguez Peña en Capital Federal. UAI Salud, por su parte, prevé la puesta en marcha de dos nuevos centros médicos. Las empresas que más deudas financieras tienen a marzo del 2006 son Medicus, con 5.009.230 millones de pesos; e Internacional Health Services Argentina con 4.545.282 millones de pesos.

Actividad con regulación mínima

Las empresas de medicina prepaga (que pueden adoptar la forma de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, simples asociaciones o fundaciones) brindan en general servicios de cobertura de salud, a cambio de una cuota mensual; si bien cumplen la misma función social que los Planes de Adherentes organizados por las obras sociales, a diferencia de estas últimas a la fecha no cuentan con una ley marco (por lo que los contratos se rigen por las normas generales y la Ley de Defensa del Consumidor) y tampoco existe ningún organismo público que ejerza el control institucional, jurídico o económico financiero o que represente legalmente o controle a las EMP como la Superintendencia de Servicios de Salud lo hace con las Obras Sociales Nacionales , a excepción del aspecto prestacional ya que la Ley 24.754 de 1996 las incorporó al Sistema Nacional del Seguro de Salud obligándolas a ofrecer como piso mínimo de cobertura el Plan Médico Obligatorio (res. 201/2002 MS). En los contratos se disponen diferentes planes de cobertura y a distintos precios, los cuales no están regulados y las EMP pueden aumentar sus cuotas con el sólo trámite de comunicarlo a sus afiliados 30 días antes.

Es muy importante tener en cuenta que el contrato opera como una especie de seguro de cobertura es decir, se ofrecen los prestaciones con base en las cuotas que se van abonando regularmente y por adelantado ya que ante la falta de pago de las mismas opera una suspensión de los servicios y luego la conclusión del contrato; dado que los servicios de medicina prepaga se instrumentan mediante contrataciones por adhesión, adquiere particular relevancia lo normado en los arts. 37 y 38 de la Ley nº 24.240 en cuanto regulan las pautas a tener en cuenta a los efectos de considerar ineficaces aquellas cláusulas contractuales que contengan términos abusivos; la citada ley le otorga a la Autoridad de Aplicación, expresas facultades para elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor y en ese sentido la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, en ejercicio de su potestad reglamentaria dictó la Resolución nº 9/2004 por la cual se contemplan distintos supuestos de cláusulas que serán consideradas abusivas en los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de medicina prepaga y de servicios originada en un contrato de tipo corporativo o similar, celebrado entre el proveedor del servicio y un tercero. De esta manera, los estrados judiciales son el único ámbito al que pueden recurrir los beneficiarios de las prepagas en caso de pleito.

Existe un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados desde el año 1999 pero las partes no logran ponerse de acuerdo para definir un marco regulador del sistema; el proyecto busca que las empresas de medicina prepaga se integren plenamente al sistema lo cual requiere del marco legal regulatorio que ponga bajo la Superintendencia de Servicios de Salud el control tanto médico asistencial como administrativo de estas empresas.

Expectativas a futuro

En el corto plazo y luego de superar una fuerte recesión, el sector de la Medicina Prepagada, muestra tendencia a crecer tanto en afiliados como en facturación pero en un marco de aumento de costos médicos y prestacionales, mayor competencia entre los grandes actores del mercado, y el crecimiento de las controversias judiciales por el alcance de las coberturas que deben prestar, lo que hace prever una disminución de la rentabilidad. En cuanto a las perspectivas en el mediano plazo, los expertos advierten un avance de algunos hospitales de comunidad frente a prepagas de mediano tamaño o en nuevas zonas de influencia, al igual que cierta "separación" entre los planes más caros y el resto; no obstante, el sector se encuentra ante oportunidades interesantes como la incorporación de afiliados que recomponen su situación de ingresos, el sostenimiento del crecimiento económico, la expansión en el interior del país, la salida de "actores débiles sobrepasados por la presión competitiva" y una "menor presión de los sustitutos".

Fuentes:
Tovar Federico. Breve historia de la prestación del servicio de salud en la Argentina.. 23 agosto 2001.

Carlos H. Acuña; Mariana Chudnovsky. El sistema de salud en argentina. Documento 60 Marzo 2002.

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Argentina: Historia de las Obras Sociales (II y último)

El sistema de Obras Sociales (OS) se consolidó como tal en 1970, bajo el gobierno autoritario del general Onganía, a través de la Ley 18.610; aunque estas existían desde mucho antes la modalidad que asumían no era la que hoy conocemos. Las OS durante las décadas del 50 y del 60 formaban un conjunto heterogéneo, con regímenes extremadamente variados de prestaciones, brindadas solo en parte a través de servicios propios; históricamente, el rasgo central de este subsector fue el carácter obligatorio de la adhesión y la organización por rama de actividad a través de instituciones que cubren las contingencias de salud y proveen infraestructura de turismo y asistencia social a los trabajadores en relación de dependencia (sobre todo a partir de Obras Sociales sindicales) y a los jubilados del régimen nacional de previsión social a través del Programa de Asistencia Médico Integral (PAMI). Este subsector se constituye como un seguro social para la protección de los trabajadores asalariados (y sus familiares directos) cuyo aporte es obligatorio y se realiza a través de las contribuciones tanto del empleador como del empleado.

Reglamentación del sistema de OS en el marco de un Sistema de Seguro de Salud.

La discontinuidad de la legislación caracterizó los años siguientes hasta finales de la década de los '80. En 1974 la Ley 20.748 del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y su acompañante la Ley 20.749 de Carrera Sanitaria Nacional, que respondía a la concepción de un servicio nacional de salud, tuvo una recia oposición del entonces fuerte poder sindical y no llegó a implementarse más que parcialmente, para ser anulada en 1980 por la Ley 22.269 del llamado proceso militar, a su vez, de consistente contenido antisindical. Con la restauración de la democracia en 1983, comenzó una revisión legislativa con el propósito de implementar un seguro nacional de cobertura universal, que fue marcadamente retrasada por la presión sindical hasta la demorada sanción de dos leyes mellizas, la 23.660, de Obras Sociales y la 23.661, del Seguro Nacional de Salud, con fecha 29 de diciembre de 1989; estas normas fueron reglamentadas en 1993, dentro de un marco político de desrregulación tendiente a lograr la optimización prestacional y administrativa de las Obras Sociales posibilitando la libre elección de agente de seguro por parte de los usuarios entre las Obras Sociales Sindicales; antes de estas medidas, los asalariados eran clientes cautivos de la obra social de su gremio, incluso aunque esa persona no estuviera afiliada a ese sindicato. Con todo, la desregulación no fue completa, ya que la libertad de elección quedó reducida a la posibilidad de optar exclusivamente entre obras sociales de origen sindical; las empresas privadas prestadoras de salud no tenían la posibilidad de competir, salvo indirectamente, actuando como proveedoras de las entidades gremiales.

Creación de la Superintendencia de Servicios de Salud (Salud).

A través del decreto 1615/96 se fusionaron la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), creada por la Ley Nº 23661, el Instituto Nacional de obras sociales (INOS), creado por la Ley Nº 18610, y la Dirección Nacional de obras sociales (DINOS), creada por la Ley Nº 23660, para constituir la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción social, con personería jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera. La SSSalud es un organismo de regulación y control de los agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y las obras sociales nacionales; sólo ellas o las que adhieran al sistema establecido por las Leyes Nº 23660 y Nº 23661 forman parte del Sistema que regula la Superintendencia de Servicios de Salud.

Se autorizan Planes Complementarios (Planes superadores del PMO).

La SSSalud autorizó mediante resolución 195 de 1.998 que las Obras Sociales además de la obligación legal de satisfacer el Programa Médico Obligatorio (PMO), pueden ofrecer a los beneficiarios planes complementarios para lo cual están habilitadas a recibir aportes y contribuciones adicionales, siempre y cuando estos sean aprobados previamente por esta entidad y se suscriba un convenio entre el beneficiario y la Obra Social cuando la relación se construya sobre planes superadores del PMO. El pago adicional que se pudiera establecer en el contrato entre la Obra Social y el Beneficiario para el plan superador del PMO elegido, deberá ser percibido por el Agente del Seguro de Salud, quien deberá destinar como mínimo el 80% de sus recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribución, a la prestación de los Servicios de Salud establecidos en dicho convenio. Las Obras Sociales firmaron cerca de 150 contratos de concesión y gerenciamiento con Empresas de Medicina prepaga delegando la responsabilidad de la asistencia médica de sus beneficiarios estableciendo para ello un pago mensual per cápita; de este modo, las prepagas entraron a competir de manera indirecta en el sistema de las obras sociales, porque si bien los afiliados al sistema solidario no están autorizados a elegir una prepaga sí pueden cambiar de obra social, y en forma indirecta amplian su porción en un mercado que a simple vista continuaba “cerrado”; desde entonces, prácticamente la totalidad de los planes superadores son ofrecidos a los beneficiarios de las OS por las propias prepagas, que cobran un plus por el costo de ese plan (a lo que se suma el aporte del beneficiario), otorgan un carnet de afiliación al beneficiario, e incluso cobran los seguros de alta complejidad del Fondo de Redistribución a través de la propia obra social.

Competencia de las Obras Sociales por los usuarios.

En el año 2000 se presenta una modificación que amplía las entidades que pueden competir en este mercado, al establecerse que los beneficiarios del sistema pueden ejercer el derecho de opción entre cualquiera de las obras sociales indicadas en la Ley 23.660 exceptuando al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y las obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, Policía Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal y los retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito; también pueden elegir entre cualquiera de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema de la Ley Nº 23.661 y las Entidades que tengan por objeto específico la prestación de servicios de salud de conformidad con la normativa dada por la Superintendencia de Servicios de Salud, las que deben adicionar a su denominación la expresión "Agente Adherido al Sistema Nacional del Seguro de Salud"; esto último permite a las empresas de convenio, a las entidades de medicina prepagada y a las cooperativas que adhieran participar de este mercado (la Ley original permite a las mutuales esta función).

La crisis del sistema del Seguro y de las Obras Sociales.

La crisis económica y financiera que eclosionó a fines de 2001 en el País, derivó en un aumento de la pobreza y en una parálisis productiva que generó una crisis fiscal, social y política que afectaron la financiación del sistema de salud al disminuir los recaudos del mismo por el desempleo generado (disminuyendo el número de afiliados a las Obras Sociales) y la caída de los salarios; las Obras Sociales eran noticia porque tenían servicios cortados y las farmacias publicaban que no atendían a determinadas obras sociales, correspondiendo el financiamiento de la salud al bolsillo del trabajador y su familia. El gobierno adoptó el decreto 486/02 por el cual se estableció la emergencia sanitaria nacional y se tomaron una serie de medidas para facilitar el acceso a los medicamentos de la población más pobre y rediseño el Plan Médico Obligatorio junto a un plan de salvamento de las Obras Sociales, incluyendo la de os Pensionados y Jubilados (PAMI) que estaba al borde de la quiebra afectando la atención de sus usuarios.

Desde que asumió el presidente Kirchner, el 25 de mayo de 2003, se logró un proceso de financiamiento, producto de la inclusión de más de un millón de argentinos al mercado laboral formal, con un incremento en la recaudación y la posibilidad que 3 millones de argentinos estuvieran dentro de la seguridad social en el rubro de salud; lo anterior y el aumento salarial conllevó una mejor recaudación para las Obras Sociales que lo volcaron en prestaciones médico asistenciales, permitiendo a las obras sociales hoy pudieran salir del quebranto y que actualmente estén dando servicios plenos.

Situación actual (marzo 2007).

Al 30 de diciembre de 2006, este sistema contaba con 15.501.655 beneficiarios, entre afiliados titulares (9.547.235) y su grupo familiar primario (5.954.420), distribuidas en casi trescientas entidades de distinta magnitud e importancia así: el 68.9% estaba en OS sindicales, 18.5% en OS Estatales, el 6.2% en OS de personal de dirección y el restante 6,4% en OS de otra naturaleza. El sistema tiene una recaudación anual de 7.000 millones de pesos; como resultado de la desregularización implementada en 1998 (libre elección de Obra Social), la mayoría de los afiliados con ingresos medios y altos abandonó las obras sociales de origen, lo que produjo un agujero en las cajas de las obras sociales chicas y un excedente a favor de las más poderosas, que “asociadas”, en algunos casos, con empresas de medicina prepaga acapararon los aportes de los asalariados más jóvenes y con los sueldos más altos.

El gobierno pretende estimular que el asalariado se mantenga fiel o vuelva a la obra social de pertenencia o de origen, que es la obra social que tiene que ver con su actividad, tratando de que los salarios altos queden en dicha obra social, porque son los que garantizan que un aporte mayor pueda subsidiar a un aporte menor; en ese sentido busca fijar un período de sólo tres meses en determinada época del año para optar el cambio por cualquier obra social, mientras que la posibilidad de volver a la obra social de origen (la que es asignada por la actividad del empleado) quedará abierta permanentemente en cualquier época del año; actualmente es posible el traspaso una vez cada 12 meses y en cualquier momento del año. Los críticos de este proyecto del gobierno señalan que tras el mismo están los dirigentes de la GCT, que buscan condicionar un pacto con el gobierno nacional a cambio de limitar sus demandas salariales a un porcentaje que las autoridades consideren lógico y que no actúe como disparador de una carrera entre precios y salarios a cambio de esta prebenda y advierten que su avance implicaría un grave perjuicio a los asalariados, que volverían a estar condenados a ser clientes cautivos de la obra social de un gremio, además de generarse una fuerte caída en los niveles de competitividad y calidad de las prestaciones. Sobre un total de Obras Sociales, excluyendo el PAMI, las primeras 20 OS del ranking nuclean el 65,7% de los beneficiarios totales, y entre ellas las 10 primeras entidades absorben el 51, 52% de la población total

El aporte a las obras sociales es del 9% (3% del salario es aportado por los empleados y 6% por los empleadores). Hasta ahora, por los salarios altos las empresas pagaban un tope: el 6% de $ 4.800; para lograr un mayor financiamiento para las obras sociales, el gobierno incrementará, a partir de abril, este tope pasará a $ 6.000. El aporte personal seguirá sin cambios para evitar una reducción salarial.

Fuentes:
Tovar Federico. Breve historia de la prestación del servicio de salud en la Argentina.. 23 agosto 2001.
Las Obras Sociales; En: http://www.oscom.com.ar/os_old/www/home.htm
Mario Roitter, Inés González Bombal; Estudios sobre el Sector sin fines de lucro en la Argentina, Buenos Aires; Cedes/ Johns Hopkins University; 2000.
Carlos H. Acuña; Mariana Chudnovsky. El sistema de salud en argentina. Documento 60 Marzo 2002.

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Argentina: Historia de las Obras Sociales (I)

Si bien las Obras Sociales pueden considerarse como asociaciones, su inclusión dentro del sector de economía solidaria no deja de ser un tema debatible debido al particular desarrollo de estas organizaciones, específicamente por su estrecha relación con los sindicatos y la obligatoriedad de la afiliación; por esta razón se pueden considerar como casos híbridos, teniendo en cuenta su rol esencial en la provisión de servicios de salud para amplios sectores de la población, su clara ausencia de fines lucrativos y los actuales procesos de desregulación que definirán su futuro y definitivo estatus.

La solidaridad y el mutualismo en las primeras organizaciones sindicales y de colectividades.

Las obras sociales sindicales (OSS) tienen su origen más remoto en la gestión solidaria de las primeras agrupaciones gremiales. Las organizaciones obreras más antiguas, como la Sociedad Tipográfica Bonaerense que data de 1857, privilegiaban las necesidades del sector especialmente en lo atinente a mejores condiciones de trabajo; estas entidades también activaban mecanismos coyunturales para recaudar fondos destinados a cubrir las necesidades de los trabajadores que sufrieran la pérdida del empleo o fueran encarcelados por su actividad sindical, como rifas, bailes, colectas o se aventuraban en empresas como la de la fábrica de cigarrillos de la Unión General de Trabajadores. El sentido solidario también se observa bajo la forma de préstamos de la Central a distintos sindicatos y también préstamos entre sindicatos, tal como figura en los libros de actas y copiadores de notas.

La migración masiva ultramarina de finales del siglo XIX modificó la conformación de los cuadros proletarios; los obreros europeos consolidaron la institución del sindicato como órgano propio de los trabajadores en oposición a los "órganos de dominación burgueses", incluidos los partidos políticos, y también trajeron consigo las mutuales y las sociedades de socorros mutuos a nivel de sus colectividades locales, que ponían el acento en la cobertura sanitaria para salvar las deficiencias del sistema hospitalario argentino, sobrepasado por el crecimiento poblacional y la ausencia de proyectos superadores de la situación; por lo tanto fue natural que tales estructuras quedaran estrechamente relacionadas con las nuevas asociaciones sindicales, que incluían un gran número de cotizantes de aquel origen. La ideología de la solidaridad y el colectivismo motorizaba estas organizaciones y los comunes denominadores y afinidades definieron una acción paralela e integrada de sindicatos y mutuales.

El hospital de los trabajadores en el modelo ferroviario.

La Unión Ferroviaria (UF) fue la primera gran organización sindical en desarrollar la acción mutualista manejando desde 1919 su propia Caja de Jubilaciones (Ley 10650); cuatro años después también crearía el Hogar Ferroviario (Ley 11173), entidad complementaria que otorgaba préstamos destinados a la adquisición o construcción de viviendas. Lo distintivo de esta norma es que establecía una retención de aportes de los asociados por parte de las patronales ferroviarias para su derivación posterior al gremio, transformando sustancialmente la modalidad recaudadora de la primera etapa del sindicalismo, tan irregular como deficiente en la percepción de las cotizaciones.

El papel relevante de la UF en el conjunto del sindicalismo surge también del hecho que sus representantes eran mayoría en el Comité Nacional Sindical de la CGT creada en septiembre de 1930. Más adelante, en 1935, la Comisión Mixta Ferroviaria, integrada por la UF y por el gremio de los maquinistas La Fraternidad, acordaron la instalación de un hospital destinado a sus afiliados, el que fue inaugurado en 1940 con el nombre de Hospital Ferroviario (Cerraría sus puertas en 1999); posteriormente, también se habilitaron consultorios externos para casos de urgencia en Rosario, mediante acuerdos con el Hospital Italiano de esa ciudad, mientras que la cirugía e internaciones estaban a cargo del HF de Buenos Aires y mediante convenios con clínicas privadas los casos pulmonares se derivaban a Córdoba mientras se gestionaba la entidad propia.

Influencia de las Obras Sociales Sindicales en el Gobierno.

La conducción militar del golpe de Estado realizado en junio de 1943 incursionó en áreas que hasta ese momento no habían sido consideradas de envergadura por los sectores dominantes; el ineficiente Departamento Nacional del Trabajo (creado en 1907) fue reemplazado por la Secretaría de Trabajo y Previsión(STP) en noviembre de ese año, quedando a cargo del Coronel Juan Domingo Perón, que incorporó rápidamente a su ideario el enfoque de los gremialistas históricos sobre las Obras Sociales, luego del contacto que desarrolló con estos, principalmente la Confederación de Empleados de Comercio y la UF, para obtener el apoyo popular que el régimen reaccionario requería; estos gremios acompañaron sin complejos entre 1943 y 1945 el desarrollo de la gestión del Coronel Perón.

La medida más destacada del período en este campo fue la creación de la Comisión de Servicio Social (Decreto 30655/44), encargada de "propulsar la implementación de servicios sociales en los establecimientos de cualquier ramo de la actividad humana donde se presten tareas retribuidas" y reconocida como el acto fundacional de las Obras Sociales; los beneficios que debían brindarse a través de tales servicios eran: atención médica gratuita, atención farmacéutica al precio de costo, suministro de artículos de alimentación, de vestir, y de uso indispensable para el hogar a precio de costo; la empresa debía prestar tales servicios "como mínimo", aunque también se consideraba la posibilidad de que fuera la organización mutualista o cooperativa la que sustituyera a la empresa. El Decreto 23852 de octubre de 1945, que organizó las Asociaciones Profesionales de Trabajadores, creadas para atender las necesidades de atención médica para sectores determinados como la Policía, las Fuerzas Armadas y también los Ferroviarios (a diferencia de las mutuales, estas organizaciones obtienen su financiamiento de un importante aporte estatal, además del proveniente de los aportes de sus beneficiarios), permitieron a los gremios comenzar a desarrollar obras y servicios con destino a sus afiliados; la independencia y autonomía en el manejo de los recursos posibilitaron un impresionante crecimiento y fortalecieron definitivamente la economía sindical, colocando a los gremios en una posición sin precedentes en lo relacionado no solamente con la dinámica tradicional sino con la nueva instancia de participación gravitante en la definición de políticas de alcance nacional.

Expansión de las OS en un sistema de salud asistencialista.

En junio de 1946 Perón asumió la presidencia de la Nación, alentando desde entonces la expansión del esquema de obras sociales; sin embargo, la adopción del seguro social como estrategia hegemónica de protección de la salud de la población solo se consolida con la caída de Perón. Como muy bien afirma Angel Jankilevich:

“Es importante señalar, por las distorsiones que ha sufrido este tema, que bajo las dos primeras presidencias de Perón, el modelo de Obras Sociales no constituye la fuente principal de financiamiento del sistema de salud, ni tuvo las características que lo distinguieron a partir de 1970. Por el contrario, todo el sistema sanitario y de seguridad social reposaba en el propio estado nacional y era financiado por éste con rentas generales[1]”. El mismo autor continúa luego... “En realidad, la seguridad social obligatoria y organizada por rama de actividad con fuerte concentración en las dirigencias sindicales nacionales nace en 1970 y se desarrolla sobre todo con las sucesivas administraciones militares que gobernaron el país hasta 1983, paradójicamente con el peronismo proscripto[2]”

Las décadas del ‘60 y ‘70 fueron las de expansión del sistema de Obras Sociales, como resultado de las políticas de pleno empleo, el auge del sindicalismo como expresión política de la clase trabajadora y la vigencia de la Ley 18.610 de 1.970, la cual les dio un marco legal. La necesidad de las autoridades de concertar con las organizaciones sindicales les permitió conseguir muchas ventajas, entre ellas una abundante y fluida financiación que se volcó, en alguna medida, en la atención de salud de sus afiliados obteniendo un nivel de servicios bastante satisfactorio a la población laboral en relación de dependencia y su núcleo familiar primario, constituyendo, de hecho, un seguro nacional, fragmentado en grupos de administración sindical. Desde el punto de vista del número de entidades, las Obras Sociales Sindicales (OSS) siempre representaron una parte claramente mayoritaria del total (entre el 70% y el 80%). Desde el punto de vista del número de beneficiarios, la importancia de las OSS creció rápidamente, como resultado del nuevo concepto aplicado: a comienzos de los años 70' ya cubrían cerca de 6 millones de beneficiarios, equivaliendo al 53% del total de afiliados.

Fin de la primera parte: Historia de las Obras Sociales.

En el siguiente post, se tratará sobre la creación del sistema de obras sociales y del sistema nacional del seguro de salud, y la manera como se han desempeñado las OS desde los años 70' hasta nuestros días.

Fuentes de este post:
Breve historia de la prestación del servicio de salud en la Argentina. Federico Tovar. 23 agosto 2001.
Las Obras Sociales; En: http://www.oscom.com.ar/os_old/www/home.htm
Mario Roitter, Inés González Bombal; Estudios sobre el Sector sin fines de lucro en la Argentina, Buenos Aires; Cedes/ Johns Hopkins University; 2000.

[1] JANKILEVICH, Angel. Hospital y Comunidad, de la Colonia a la Independencia y de la Constitución a la república corporativa. Buenos Aires. 1999. edición del autor. Página 256.
[2] Ibidem

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Nuevo estudio sobre las cooperativas de salud en el mundo

En 1997, Naciones Unidas realizó un primer estudio internacional sobre las cooperativas de salud: "Cooperative enterprise in the Health and Social Care Sectors". Dicho estudio permanece, hasta ahora, el que refleja de mejor forma la diversidad y la riqueza de las cooperativas que trabajan en el ámbito de salud y servicios sociales.

Sin embargo, en noviembre pasado, durante una reunión de la Mesa Directiva de la Organización Internacional de las cooperativas de salud (IHCO) , en Manchster, se decidió formalmente poner en marcha un proyecto para actualizar los datos disponibles sobre las cooperativas de salud a través del mundo. El mismo que tiene por objeto generar la información más pertinente y útil posible, particularmente, ofreciendo criterios para determinar lo que se puede considerar como una cooperativa de salud bajo un contexto internacional. El enfoque del proyecto tomara en cuenta los servicios de salud ofrecidos bajo el modelo cooperativo. En algunos casos, y según la pertinencia, se realizará una revision general sobre las cooperativas de servicios sociales.

La coordinación esta a cargo del Sr. Jean-Pierre Girard, con mandato del Instituto de investigacion y educacion para las cooperativas y las mutuales de la Universidad de Sherbrooke (IRECUS), e incluirá la colaboración de importantes organizaciones miembros del IHCO, quienes asumirán la responsabilidad de recolección de datos en las regiones respectivas. Los socios son: Fundación Espriu, España - Europa, UNIMED do Brasil - Sudamérica y Centroamérica, HCA-JCCU, Japón - Región del Asia Pacífico.

Geneviève Bussière, profesional de investigación para el IRECUS, es la persona responsable del trabajo de campo y garantizará con el Sr. Girard, la recolección de datos para Norteamérica, África y el Medio Oriente.

El estudio ha sido puesto en marcha a mediados de enero 2007. El relevamiento de datos comienza en marzo con la meta de publicar los resultados a fines del 2007. El documento final será publicado en el sitio web de IHCO.

Este proyecto es posible gracias al apoyo financiero de Desjardins Sécurité Financière, la Fédération des Caisses Desjardins du Québec, The Canadian Cooperative Asociación (CCA), The Co-operators, the Nova Scotia Co-operative Council, y el IRECUS - Université de Sherbrooke. El proyecto cuenta también con un apoyo en recursos de la Coopérative de Développement Régional de Montréal – Laval (CDR).

Gracias a todos por su apoyo!

Para mas información, comunicarse con Geneviève Bussière, al teléfono (514) 340-6056

, o al e-mail: Genevieve.Bussiere@USherbrooke.ca

Si usted conoce o hace parte de una cooperativa de salud, se le agradece contactar.

Como acceder al documento "La Empresa Cooperativa en los Sectores de la Salud y los Servicios Sociales. Un Estudio Global":

Para visitar el sitio del documento en la página de las Naciones Unidas, y ver el abstract haga click acá

Puede solicitar una copia del documento escribiendo a:

Ms Nimali Ariyawansa
Division for Social Policy and Development

Department of Economic and Social Affairs

Two United Nations Plaza, DC2-1385D

New York, New York 10017, United States of America

e-mail: ariyawansa@un.org

Puede acceder a una versión en línea producida por la Universidad de Winconsin haciéndo click en el siguiente enlace: "Cooperative enterprise in the Health and Social Care Sectors"

Puede descargar una versión en Español (traducción no oficial) haciéndoclick en el siguiente enlace "La Empresa Cooperativa en la prestación de Servicios Sociales y de salud"; Naciones Unidas (1.997), y en la ventana que le aparece repite el click en el botón "Download file".

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Argentina: Síntesis del Sistema de Salud Actual (I)

En la Argentina podemos identificar tres modelos: el público, con financiación y provisión públicas; el de seguridad social en salud(sistema de obras sociales y las aseguradoras de riesgos del trabajo), y el sistema privado, que comprende el seguro voluntario prepago, organizado según los cálculos de riesgo actuarial (empresas de medicina prepagada), y a los prestadores independientes y establecimientos particulares que proveen servicios a las entidades aseguradoras y a los usuarios particulares con capacidad de pago.

Esta conformación especial del sector le imprime al área de la salud una lógica peculiar puesto que implica la coexistencia desarticulada de cada uno de estos subsistemas que difieren respecto a su población objetivo, los servicios que brindan y el origen de los recursos con que cuentan. La falta de integración no solo se observa entre los distintos subsistemas, sino que dentro de cada uno de ellos también existen serios niveles de fragmentación: en el caso del subsector público, tradicionalmente se ha observado la existencia de una falta de articulación entre las diferentes jurisdicciones (nacional, provincial, municipal), y en el caso de los subsectores de la seguridad social (Obras Sociales) y privado, están compuestos por un gran número de organizaciones heterogéneas en cuanto al tipo de población que agrupan, cobertura que brindan, recursos financieros por afiliado y modalidad de operación. De ahí la importancia de tener en cuenta las características centrales de cada uno de ellos para lograr una visión cabal del escenario existente en este sector.

Organización General

Subsector público

El Gobierno Nacional fija los objetivos centrales del sistema a través del Ministerio de Salud de la Nación (MS), que cumple una función de conducción y dirección política del sistema de salud en su conjunto; el MS cuenta con diversos organismos descentralizados como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO) y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). También dependen del MS como remanentes de las políticas de descentralización hospitalaria: el Hospital Nacional “Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional “Profesor A. Posadas”, y la Colonia Nacional “Dr. Manuel Montes de Oca” y, de algún modo, la entidad más numerosa del sistema de OS, el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP -PAMI) cuyo presupuesto se reincorporó al Presupuesto Nacional a partir del 2002. El Consejo Federal de Salud (COFESA) es el espacio de articulación institucional para la construcción de consensos, el establecimiento de metas y la adopción de políticas y decisiones compartidas entre sectores y jurisdicciones. Por mandato constitucional las Provincias son las unidades técnico administrativas responsables del cuidado y protección de la salud de la población, por tanto corresponde a cada Ministerio de Salud provincial la gerencia y la gestión política y técnica de las unidades o establecimientos del sistema, para el cumplimiento de programas y actividades de salud en la respectiva jurisdicción política; los municipios suelen administrar sus propios recursos y tienen atribuciones para programar y realizar acciones de salud en forma independiente, particularmente los de mayor poder económico y peso demográfico.

El subsector público se financia con recursos fiscales: El Estado Nacional (administración central y organismos descentralizados, excepto el INSSJyP-PAMI), se nutre fundamentalmente de recursos del presupuesto nacional; los Estados Provinciales y la Ciudad de Buenos Aires se financian con recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, la recaudación de tributos propios y transferencias del Estado nacional; y los municipios con recursos de la coparticipación provincial y de tributos locales.

Los servicios de salud se prestan principalmente en la red de Hospitales y Centros de Salud Públicos, con una distribución geográfica de sus servicios es muy amplia y con presencia en las zonas consideradas no rentables por el sector privado, en los cuales se brinda atención gratuita a cualquier persona que demande servicios en estos centros (de hecho actúan como un reaseguro para las Obras Sociales pues mantienen un flujo de atención sin cargo para población asegurada); a lo largo de las últimas décadas se ha dado un proceso de descentralización en el que los Hospitales Públicos nacionales ha pasado a los niveles provincial y municipal[1]; en los hechos, la red pública abarca aproximadamente al 53.2% de la población, en su mayoría a grupos sociales de bajos ingresos (la población que se comporta como demanda natural de este subsector, es la que carece de cobertura de alguno de los otros dos subsectores).

Otros organismos e instituciones tienen responsabilidades sobre la salud, variando su ubicación estructural y su grado de vinculación con los ministerios de salud según las jurisdicciones. Así, la salud ambiental suele estar en el ámbito de responsabilidad ministerial en las provincias, pero sólo representa un sector muy específico en el nivel nacional, donde existe una Secretaría de Estado responsable del tema ambiental. Las Fuerzas Armadas tienen su estructura propia asistencial, cada rama por separado, y producen algunos insumos como, por ejemplo, medicamentos. El área de educación es responsable de la formación de grado y postgrado en salud a través de las Universidades y Hospitales Universitarios; también mantiene servicios de sanidad escolar para acciones de prevención y promoción de salud. Las áreas de agricultura y ganadería son responsables del control de los alimentos y de la salud animal, entre otras la atención de epizootias tales como la fiebre aftosa.

Otras entidades que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

Otra entidad que depende del MS es la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) creada en 1996, para integrar las funciones de la Administración Nacional del Seguro de Salud ANSSAL(creada por la Ley Nº 23661), el Instituto Nacional de obras sociales INOS (creado por la Ley Nº 18610), y la Dirección Nacional de obras sociales DINOS(creada por la Ley Nº 23660), las cuales fueron suprimidas; tiene como funciones fiscalizar y supervisar el cumplimiento del ejercicio del derecho de opción de los beneficiarios del sistema para la libre elección de Obras Sociales (OS), la supervisión del cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO) por los agentes del seguro, asegurar la calidad y cobertura del sistema y la recuperación de costos de los Hospitales de Administración Descentralizada, y garantizar a los beneficiarios de las obras sociales la equidad en la cobertura integral médico–asistencial en todos los niveles de complejidad, asegurando el cumplimiento de normativas y regulaciones y administrando los subsidios del Fondo de Redistribución de las Obras Sociales.

El Subsector de la Seguridad Social en Salud Obligatoria.

El sistema de obras sociales:

El subsector de seguro social obligatorio está organizado en torno a entidades sin fines de lucro denominadas Obras Sociales (OS), y la presencia activa del sindicalismo argentino es un factor relevante en este subsistema; en cada rama productiva los sindicatos administran su seguro de salud y pactan con el gobierno las condiciones de trabajo. Las OS están organizadas como un sistema de seguro social obligatorio, que se financia con aportes de trabajadores y contribuciones patronales; algunas gobiernos provinciales destinan partidas adicionales a sus OS yel INSSJyP-PAMI recibe además aportes de los trabajadores activos y pasivos.

Además de las OS, la Ley autoriza como Agentes del Seguro con funciones similares a las OS a Entidades que tengan por objeto específico la prestación de servicios de salud de conformidad con la normativa dada por la Superintendencia de Servicios de Salud, las que deben adicionar a su denominación la expresión "Agente Adherido al Sistema Nacional del Seguro de Salud"; esto último permite a las empresas de convenio, a las entidades de medicina prepagada y a las cooperativas que adhieran participar de este mercado (la Ley original permite a las mutuales esta función). Desde 1998, los afiliados al sistema tienen la opción de cambiar la OS de origen (la del gremio de su actividad laboral) por otra a su libre elección.

Las OS y demás agentes del seguro deben garantizara sus afiliados los beneficios del Programa Medico Obligatorio (PMO) establecido en la res. 201/2002 MS (luego modificada por la res. 1991/2006 MS), que incluye la atención ambulatoria, internación y alta complejidad, atención Odontológica, Salud Mental, Provisión de Medicamentos; muchas de ellas no proveen servicios directamente, pero subcontratan con el subsector privado. Existen alrededor de trescientas entidades entre obras sociales sindicales y del personal de dirección. Con aproximadamente el 10% del total de las contribuciones se ha integrado el Fondo de Redistribución, controlado por la SSS, que subsidia a las entidades que cuentan con menores aportes.

Al 30 de diciembre de 2006, este sistema contaba con 15.501.655 beneficiarios, entre afiliados titulares (9.547.235) y su grupo familiar primario (5.954.420), distribuidas en casi trescientas entidades de distinta magnitud e importancia; el 70,6% estaba en OS nacionales y el restante 29,4% en OS Provinciales. Sobre un total de Obras Sociales, excluyendo el PAMI, las primeras 20 OS del ranking nuclean el 65,7% de los beneficiarios totales, y entre ellas las 10 primeras entidades absorben el 51, 52% de la población total; las OS más representativas son:

• El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP – PAMI): Es la institución más grande de la seguridad social argentina, atiende aproximadamente a cuatro millones de personas, entre afiliados y beneficiarios. Se dedica a la cobertura de servicios de salud para los jubilados y sus familias.
• Osprera: Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, es la segunda O.S. en importancia en el país, está organizada en todo el territorio nacional, contando con delegaciones en cada una de las provincias y cuenta con más de 1.000 puestos de orientación y atención al afiliado; al 2006 tenía 1.267.888 afiliados, de los cuales 607.071 son titulares y 660.817 son familiares. El trabajador puede afiliar a esposa/o, compañera/o y a sus hijos y además puede incorporar a otros parientes directos que se encuentren a su cargo.

Las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).

Entre 1995 y 1996 se diseñó un nuevo sistema para la protección contra los riesgos del trabajo, basado en el funcionamiento de operadores privados, encargados de gestionar y atender las necesidades de prevención y reparación de daños laborales. El sistema está supervisado por la por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS), y se encamina hacia un marco regulador completo y la extensión de la cobertura, más allá del mercado formal de trabajo.

El subsector privado:

Está compuesto por dos grandes grupos: los profesionales que prestan servicios independientes a pacientes particulares asociados a obras sociales o a sistemas privados de medicina prepaga y los establecimientos asistenciales contratados por aquéllas; las empresas de medicina prepagada deben garantizar a sus beneficiarios, como mínimo un conjunto de prestaciones esenciales del Programa Médico Obligatorio (PMO) .

Este subsector incluye también a las entidades sin fines de lucro como las Cooperativas y las Mutuales de Salud que no operan como Obras Sociales; estas entidades pueden ofrecer planes de salud, con autorización de sus asambleas, que no se consideran de medicina prepagada, por tanto no se consideran Agentes del Seguro de Salud, ni están obligadas a ofrecer el PMO y su actividad es autorizada y vigilada por el INAES en lugar de estar bajo el control de la SSN.

Este subsector se financia con recursos derivados de contratos con las OS y/o con el gasto de bolsillo familiar destinado a la adquisición de seguros voluntarios y al pago de coseguros, copagos y compra directa de bienes y servicios.

Datos Estadísticos y Financieros del Sistema de Salud Argentino

Infraestructura: Argentina en el año 2.000 contaba con 14.534 establecimientos ambulatorios de salud (38 x 100.000 hab.), de los cuales el 44.4% eran públicos, y con 153.065 camas instaladas (4 x 1.000 hab.), distribuidas en 1.271 hospitales públicos y 2.040 clínicas privadas; el 14.3% del total de camas se ubicaban en la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con el 7.9% de la población; el mismo análisis teniendo en cuenta la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires resulta más equitativo, pues en esta área se cuentan el 48% de las camas para atender el 49.5% del total de la población argentina; llama la atención el alto porcentaje de camas en Córdoba (11.6%) y Santa Fé (7.2%).

Recursos humanos: para el año 2.004 se estimaba el número de médicos en 121.076, para una tasa de 32.1 x 10.000 hab; igualmente se estimaba que por cada 10.000 hab. habían 9.3 odontólogos, 3.8 enfermeros, 1.1 parteras y 5.1 farmaceutas.

La utilización: de acuerdo a la encuesta de utilización y gasto en servicios de salud, en el año 2005, de cada 100 argentinos el 41 acudieron a la consulta médica, 15 a consulta odontológica, 22 utilizaron servicios de análisis, tratamientos e internaciones, 7 utilizaron otros profesionales de salid y 69 utilizaron medicamentos. Las personas que consultaron lo hicieron 1.8 veces al año, lo que baja a 0.72 consultas año cuando se considera el promedio poblacional; como era de esperarse, hay un aprovechamiento particularizado del sector oficial por parte de las personas que carecen de algún tipo de cobertura, pero se destaca que personas afiliadas a algún tipo de sistema utilizan la consulta pública (un 7% en centros ambulatorios y un 9% en hospitales). Considerando el total de consultas médicas en 2005 (26.2 millones), el 33.1% se realizaron en el subsector oficial exclusivamente, el 25.6% en establecimientos de las Obras Sociales, y el 36.1% en el subsector privado exclusivamente y el 5.2% restante se hace en ambos; de las realizadas en el subsector oficial, el 38% se hace en centros ambulatorios y el 62% en los hospitales y 3 de cada 10 consultas privadas se realizan en un consultorio particular. Se atendieron 760 mil partos, de los cuales el 99.1% son institucionales con un % de nacidos vivos de 96.95; uno de cada tres bebés nace por cesárea, pero en clínicas privadas los partos quirúrgicos duplican a los del sector público y llegan al 50 por ciento del total de nacimientos.

En cuanto a los recursos financieros, la fuerte recesión registrada a partir de 1998 redujo no solo el gasto de salud como porcentaje del PIB, de 9.13 % en 1995 a 8.45% en 1999, sino que alteró notablemente la composición del gasto y los mayores descensos correspondieron a la seguridad social en su conjunto (INSSJyP, Obras Sociales Nacionales y Provinciales); a ello se sumó el impacto de la devaluación de la moneda a partir del fin de la convertibilidad en enero del 2002, siendo el resultado de ambos efectos que Argentina perdiera su posición de país con mayor gasto per cápita en salud de la región. A casi cinco años de la devaluación, el sistema de salud recuperó levemente su nivel de gasto per cápita en dólares, pero en un grado que resulta insuficiente para mantener el mismo nivel de prestaciones que lograba sostenerse antes de 2002, ubicándose para el 2006 en el orden de los US$ 250 per cápita, un 16,3% más respecto de los US$ 215 estimados para el año de la salida de la convertibilidad, aunque muy lejos de los US$ 612 que se llevaban las prestaciones entre 1999 y 2000.

Para el año 2006 el gasto total en servicios de salud se estimó en $ 42.000 millones, casi el 8% del producto bruto interno, y un 33% lo gastan los ciudadanos de sus propios bolsillos, la mayor parte de esas erogaciones personales provienen de los sectores de menores recursos que, si bien cuentan con el hospital público para su atención, muchas veces deben comprar medicamentos sin descuento o pagar por determinados estudios. Para el año 2004, el 39% de la población era beneficiaria de los servicios de obras sociales, manejando un 25% de los recursos; otro 8% cuenta con la prestación del PAMI, que recibía el 7% del gasto total, y un 8% estaba adherido a la medicina prepaga, que era receptora del 11% del gasto. En el sistema público se concentraba el 45% de la población -por no tener obra social ni prepaga-, pero sólo recibía el 24% de los fondos del sistema; para el año 2.006, la carga para el sistema público era aun mayor (53.2%), dada la reducción de los afiliados al sistema de obras sociales.

[1] En el país más de mil doscientos establecimientos públicos con internación, la mayoría de los cuáles son hospitales. La mayor parte de ellos son provinciales y sólo una mínima proporción depende del nivel nacional

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Argentina: Información general, organización territorial y datos de población

ARGENTINA (2007)

Se presenta la siguiente información con el propósito de comprender el contexto en que se desenvuelven las Cooperativas y las Mutuales de Salud en la Republica Argentina.

Nombre oficial: República Argentina
Superficie: 2.791.810 km².
Capital Federal: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Moneda: Peso Argentino
Idioma: Español
Otras ciudades: Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, San Miguél de Tucumán, Salta, Sante Fé.
Fiesta nacional: 9 de Julio, Día de la Independencia (1816).
Habitantes: 38.970.611 habitantes. (estimaciones para junio/2006 a partir del censo/01)
La densidad de población es de 14 hab/km². Alrededor del 89,3% de la población es urbana.

Organización territorial

La República Argentina está conformada por 23 Provincias (equiparables a los Departamentos en Colombia) y una Ciudad Autónoma (Buenos Aires, su Capital Federal). Con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (00) y de la provincia de Buenos Aires (01), las demás provincias han firmado tratados interprovinciales de integración conformando cuatro regiones para diversos fines: La Región del Norte Grande Argentino, formada por las provincias de Catamarca (02), Corrientes (04), Chaco (05), Formosa (08), Jujuy (09), Misiones (13), Tucumán (22), Salta (16) y Santiago del Estero (21); la Región del Nuevo Cuyo, formada por las provincias de La Rioja (11), Mendoza (12), San Juan (17) y San Luís (18); la Región Patagónica, formada por las provincias de Chubut (06), La Pampa (10), Neuquén (14), Río Negro (15), Santa Cruz (19) y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (23); y la Región Centro, formada por las provincias de Córdoba (03), Entre Ríos (08) y Santa Fe (20).

La Argentina es descrita como un país macrocefálico, debido a la influencia casi omnipotente de su capital, Buenos Aires (es el centro político, económico y cultural del país y por su puerto se realiza gran parte del intercambio comercial de la Argentina con el resto del mundo) y por concentrar en la aglomeración urbana del Gran Buenos Aires (un área metropolitana que comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más la extensión natural o conurbación sobre la provincia de Buenos Aires, sin constituir en su conjunto una unidad administrativa) a un tercio de la población nacional en casi 4.000 km² (0,14% de la superficie total aprox.) y el 40% del PBI argentino; desde el punto de vista administrativo el Gran Buenos Aires contaba en 2001 con 11.460.575 habitantes (2.776.138 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más 8.684.437 en las otras 24 zonas urbanas integradas). El segundo aglomerado urbano es el Gran Córdoba, un área metropolitana de la Provincia de Córdoba con 1.368.301 habitantes que integra a Córdoba, su Capital, con otras localidades vecinas de la misma provincia; la ciudad de Córdoba es un importante centro industrial y comercial, llamada la Docta, por su prestigiosa y antigua universidad. El Gran Rosario, aglomerado urbano que comprende la ciudad de Rosario y sus localidades vecinas en la Provincia de Santa fé es el tercero en importancia con 1.161.188 habitantes; es el centro de una gran región productiva a orillas del río Paraná y la Ciudad de Rosario, donde reside el 78% de los pobladores (es la más populosa de la provincia de Santa Fé), es un polo comercial, financiero, industrial y cultural y tiene el principal puerto agroexportador del mundo. El Gran Mendoza, área metropolitana conformada por la Ciudad de Mendoza y 5 localidades vecinas en la Provincia de Mendoza, con 848.660 hab. (de la que representa casi el 54% de su población), en el oeste del país, es el núcleo de una gran región vitivinícola; la Ciudad de Mendoza es la Capital de la Provincia y a pesar de ser la 4 en población dentro del aglomerado, es el polo del mismo; la población de Guaymallén (la más poblada del aglomerado) representa sólo un cuarto de la población total del conurbano, este dato es un indicador de lo uniformemente distribuida que se encuentra la población. El Gran San Miguel de Tucumán, principal urbe del norte argentino, es el aglomerado urbano formado alrededor de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Capital de la Provincia de Tucumán y conocida por ser el sitio donde se declaró la independencia de Argentina en 1.816; es el quinto aglomerado más populoso de Argentina con 738.479 habitantes, de los cuales el 71% se concentran en la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Neuquén, Capital de la Provincia homónima, cuenta con 201.868 habitantes; junto a las ciudades de Cipolleti y Plottier conforma un aglomerado urbano que reúne 291.041 habitantes.

La Crisis económica y su recuperación

La economía argentina vivenció procesos hiperinflacionarios entre 1989 y 1990, durante los cuales la pobreza se elevó momentáneamente hasta un inédito nivel del 47,3% de la población del aglomerado Gran Buenos Aires. En los años 1990 se realizaron profundas y drásticas reformas económicas con el fin esencial de reformar el Estado, privatizar las empresas y servicios públicos y abrir la economía. El eje de la reforma económica fue la Ley de Convertibilidad sancionada en 1991 congelando el valor de un peso en un dólar. El plan, que tenía como objetivo inmediato detener la inflación, fue exitoso durante varios años. En 1995, la economía local se vio afectada negativamente por el llamado Efecto Tequila, que provocó un aumento inédito de la desocupación a nivel nacional hasta un 18,4%; también se revirtió la tendencia descendente del índice de pobreza, que en el aglomerado del Gran Buenos Aires (el más importante del país), entre 1990 y 1994 había llegado a un mínimo del 16,1%; A excepción de 1995, en la década del 90' la economía creció fuertemente hasta mediados de 1998.

A fines de 1998, comenzó un prolongado ciclo de recesión, debido en parte el agotamiento de la paridad del peso y el dólar, que tuvo su punto culminante en diciembre de 2001, luego de una corrida bancaria que desestabilizó al sistema financiero; el gobierno intentó controlar la situación decretando una restricción a la extracción del dinero depositado en los bancos, medida conocida como el corralito; esta situación de inestabilidad económica desembocó en una insurrección popular que causó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. La eclosión económica, social e institucional en el 2001 produjo una ola de quiebras y cierres de empresas tanto en el sector industrial como en el de servicios; en 2002, se practicó una importante devaluación de la moneda luego del default de la deuda externa (pública y privada) que superó el monto del producto bruto interno de ese año; además a nivel nacional, la pobreza alcanzó al 57,5% de la población, la indigencia al 27,5% y la desocupación al 21,5%, todos niveles récord para el país.

A mediados de 2002 se comienzan a vislumbrar signos de reactivación económica y desde 2003 a 2005, el país registró una fase de crecimiento económico con tasas que oscilaron en torno al 9% (8,8% en 2003, 9% en 2004 y 9,2% en 2005), en parte debido a una política económica de dólar alto destinada a favorecer la sustitución de importaciones, que ha incrementado la competitividad de la industria argentina; en 2006 la economía se expandió al 8,5%, acumulándose cuatro años de crecimiento sostenido. En la actualidad, la Argentina es la tercera potencia en materia económica de América Latina, superada por Brasil y México. El PBI per cápita medido en paridad de poder adquisitivo y expresado en dólares internacionales (USD 14.838), es el más alto de la región.

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